Luego de dos años de relativa calma, en los últimos meses el Ministerio del Interior (MI) volvió a estar en el centro de la polémica.
El primer semestre del año arrojó un aumento marcado en las cifras de homicidios: hubo un 39% más que el mismo período del 2021. Y el inicio del segundo semestre no dio tregua: el mes de julio cerró con 37 homicidios, 21 más que en junio y 12 más que en julio del año pasado.
En los últimos días, además, se sumó el caso de Sebastián Marset, un narco que estaba preso en Dubái y a quien el gobierno uruguayo le expidió en noviembre del año pasado un pasaporte que le permitió evitar la deportación. El trámite se realizó por medio del MI y de Cancillería. El pasaporte se aprobó el 28 de octubre de 2021 y con él en la mano Marset obtuvo poco después la libertad. En marzo de este año Interpol libraba orden de captura internacional en su contra, con un alerta de código rojo, a solicitud de la justicia paraguaya que había desbaratado su organización en la mayor operación contra el narcotráfico llevada a cabo en ese país. Y más recientemente en Colombia se lo acusó como uno de los responsables del asesinato en ese territorio, en mayo de este año, de un fiscal paraguayo que indagaba a grupos del crimen organizado.
Si bien el gobierno ha respondido que a Marset se le entregó el pasaporte porque cumplía con los requisitos legales vigentes, y que se están preparando modificaciones a la normativa para evitar situaciones similares en el futuro, la discusión no se apaga, al punto que el lunes próximo tendrá lugar una interpelación por este tema.
Conversamos En Perspectiva con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
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